EE.UU: Alerta por el peligro de accidentes de avión y el riesgo en aeropuertos debido al cierre del Gobierno

El cierre del Gobierno federal, que entra ya en su tercera semana, está afectando a la seguridad aérea y en los aeropuertos, según han denunciado pilotos de aerolíneas comerciales y empleados de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, en inglés).

La Asociación de Pilotos de Aerolíneas (ALPA, en inglés) envió el miércoles una carta al presidente, Donald Trump, en la que, en nombre de 61.000 pilotos, advertía de los efectos adversos para la seguridad del espacio aéreo que está teniendo el cierre gubernamental. Mencionaba por ejemplo la reducción de inspectores en los centros de control del tráfico aéreo, o en las fábricas de aviones, lo que, en su opinión, puede poner en riesgo la vida de pasajeros y tripulantes.

Los pilotos recuerdan además como los controladores aéreos y el personal de la TSA sigue trabajando pese a no recibir sueldo, arriesgándose a sufrir un “daño financiero personal del que tardarán largo tiempo en recuperar si es que alguna vez lo hacen”.

Cientos de trabajadores de la TSA han faltado esta semana a sus puestos de trabajo asegurando que estaban enfermos en al menos cuatro grandes aeropuertos del país, según informa la cadena CNN. “Esto afectará sin lugar a dudas al público que hemos jurado proteger”, ha indicado Hydrick Thomas, presidente del sindicato nacional de la TSA.

En el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York faltaron al menos 170 trabajadores esta semana, según Thomas, por lo que el resto tuvo que hacer horas extraordinarias para cubrir su ausencia. También se han visto afectados los aeropuertos de Dallas-Fort Worth, en Texas; y Charlotte y Raleigh-Durham, en Carolina del Norte.

La TSA cuenta con 55.000 empleados, que controlan a unos 800 millones de pasajeros cada año, y se cuentan entre los 420.000 funcionarios públicos cuya labor es considerada esencial y por tanto deben seguir trabajando pese a no poder cobrar su salario; otros 800.000 funcionarios han sido enviados a casa sin sueldo hasta que el Congreso y el presidente pacten un presupuesto que permita reabrir el Gobierno federal.