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​Video: Mas de 44 millones de dólares cobrados ilegalmente por el Estado a dominicanos que residen fuera

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Luis al Pais

Luis Mayobanex Rodríguez, coordinador general de Alianza País en Ultramar. 


EL AVIADOR, SANTIAGO, R.D.- Con más de 44 millones de dólares se ha quedado el Estado de lo inconstitucionalmente recaudado a los dominicanos a través de la tarjeta para los turistas luego de la puesta en marcha el decreto 430-17en diciembre del año 2017 que buscaba disminuir el tiempo de espera en los aeropuertos del país, según el coordinador general de Alianza País en Ultramar, Luis Mayobanex Rodríguez.


Dijo que fue Alianza País que inició el plan de lucha por tratarse de una violación a la constitución la entrada en vigencia de ese decreto en abril del 2018, lo que le permitió ganarse el respaldo de muchos y demostrar la millonaria suma que ha recaudado el Estado a través de “los famosos 10 dólares, que no se sabe dónde han ido a parar.


Se trató de un decreto que solo favorecía a los turistas con el cobro automático de los 10 dólares al momento de comprar el boleto aéreo, sin embargo, los dominicanos debían demostrar que no eran turistas a través de un proceso “tedioso” al que muy pocos accedían para recuperar el pago injustificado, por lo que solo 22,300 han solicitado la devolución de su dinero.



“No sabemos sin ese dinero ha sido invertido en alguna obra importante para el país o en campañas electorales”, añadió.


El pasado 26 de septiembre del año en curso se dio a conocer la información de la eliminación al cobro de los US$10 a pasajeros dominicanos a través de la resolución 217-2022 cuando José Ernesto Marte Piantini instruyó a los operadores aéreos que realizaran las adecuaciones necesarias en sus sistemas informáticos con el fin de que fuera eliminado el referido cargo, no obstante, Luis Mayobanex asegura que nunca una resolución estará por encima de un decreto, ni un decreto por encima de la ley, por lo que el proceso no ha sido encaminado correctamente.


Además, entiende que el decreto 430-17 es discriminatorio por tratar a los dominicanos como turistas, lo que ha formado un limbo legal.

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