Miguel Jiménez, presidente de la Coordinadora de Moto Taxi La Unión de Santiago.
SANTIAGO, R.D.– La detención masiva de motocicletas en distintos sectores de Santiago por parte de agentes de la Policía Nacional ha desatado una ola de quejas entre dirigentes del sector motoconchista y propietarios de motocicletas.
Desde las últimas semanas, las autoridades han intensificado los operativos de fiscalización, lo que ha generado inconformidad entre los trabajadores del motoconcho, quienes denuncian que, aunque presenten todos sus documentos en regla, sus motocicletas son detenidas y retenidas de todas formas.
La situación ha tensado la relación entre las autoridades y este sector popular, afectando a miles de trabajadores que dependen del motoconcho para su sustento diario.
"Vemos cómo la semana pasada nos trancaron como a delincuentes, nos maltratan y nos quitan la motocicleta sin razón. Nos tratan como si nosotros fuéramos una mierda", se quejó uno de los motoconchistas afectados.
Según Miguel Jiménez, presidente de la Coordinadora de Moto Taxi La Unión de Santiago, en todo el país se fiscalizan más de 5,000 motocicletas diariamente. "Y cuál es el problema más débil del sistema: que cualquiera que ahorre algo de dinero se compre una motocicleta. Muchos de nuestros compañeros la utilizan para sobrevivir", expresó Jiménez.
El dirigente motoconchista también responsabilizó directamente a la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, de ser la principal causante del malestar que atraviesa el sector. "Creo que esta ministra no entiende la situación que vivimos los motoconchistas, no solo en Santiago, sino en todo el país", afirmó.
De su lado, el director del Comando Regional Cibao Central, general Juan Bautista Jiménez Reynoso, defendió los operativos asegurando que buscan llevar tranquilidad a la ciudadanía. Señaló que los agentes están autorizados a detener a todo aquel que infrinja la ley o represente un peligro para la seguridad pública.
La tensión sigue en aumento en Santiago, mientras los motoconchistas exigen respeto a sus derechos y una revisión de los operativos que, según ellos, criminalizan su modo de vida.
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