​Caos sobre ruedas: el incumplimiento de la Ley 63-17 perpetúa el desorden vial en República Dominicana

SANTO DOMINGO, R.D.-En República Dominicana, el caos vehicular ya no sorprende: es parte del paisaje urbano. Las calles del país, especialmente en las grandes ciudades, son escenario diario de embotellamientos, accidentes y descontrol. Con más de 6 millones de vehículos —muchos sin inspección, sin licencia, y hasta sin frenos ni luces— la situación se ha vuelto insostenible.

Sin embargo, la solución no requiere medidas novedosas ni operativos de nombre rimbombante. Existe desde hace más de ocho años: la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, complementada por la Ley 358-05 de Protección al Consumidor y Usuario. Ambas normativas trazan con claridad un camino hacia un sistema de tránsito funcional, seguro y justo. El verdadero problema no es su redacción: es su incumplimiento sistemático, según el caribe .

Promulgada en febrero de 2017, la Ley 63-17 surgió como un intento de poner fin a décadas de abandono regulatorio. Sus más de 300 artículos cubren temas clave: inspección técnica vehicular, licencias, sanciones, educación vial, transporte público y las funciones del INTRANT, la DIGESETT y los gobiernos municipales.

¿Y si simplemente se cumpliera la ley?

Los expertos coinciden: aplicar la Ley 63-17 tendría un impacto inmediato. Se reducirían los accidentes, se eliminaría el estacionamiento caótico, se depuraría el parque vehicular mediante inspecciones técnicas, y el sistema de licencias y sanciones actuaría como un verdadero filtro de responsabilidad vial.

Uno de los puntos más críticos es el control de las motocicletas. De las casi 3.5 millones registradas en el país, apenas 10,827 cuentan con licencia válida. El resto circula sin casco, sin seguro, sin matrícula… y muchas veces, sin saber que existe una normativa que los regula.

En 2024, los datos son alarmantes:

65.5% de las muertes por accidentes de tránsito correspondieron a motoristas.

83% de los infractores reeducados eran motociclistas.

La ley es clara: exige licencia, casco, seguro, examen práctico y programas de reeducación. Pero en la práctica, estas exigencias son ignoradas por conductores y autoridades por igual.

Inacción estatal

Mientras tanto, el Estado hace poco —o casi nada— por hacer cumplir la legislación. Las campañas son esporádicas, los controles inconsistentes, y las instituciones involucradas a menudo carecen de recursos, coordinación o voluntad política.

La crisis del tránsito en República Dominicana no es producto de la falta de leyes. Es consecuencia directa de su desacato institucionalizado. La solución no requiere más diagnósticos, sino un paso fundamental: hacer cumplir lo que ya está escrito.