Aviación viva

​El Estado dominicano debe proteger a sus ciudadanos

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Miguel Colon

Por Miguel Colón


El Estado es una organización política y jurídica que ejerce autoridad sobre un territorio y su población, con el objetivo de garantizar el orden, la seguridad y el bienestar colectivo de sus ciudadanos.  Siendo sus elementos fundamentales:


La Población: Todas las personas que viven dentro de sus fronteras.


El Territorio: El espacio geográfico sobre el cual ejerce soberanía.


El Gobierno: El conjunto de instituciones que administran y dirigen la vida pública.


La Soberanía: La capacidad de tomar decisiones sin depender de poderes externos.


Dentro de sus principales funciones están: Crear y aplicar las leyes; Proteger los derechos de los ciudadanos; Administrar recursos públicos y Representar al país en el ámbito internacional.


Un ciudadano es una persona reconocida como miembro activo de un Estado, con derechos políticos y civiles, que está vinculado jurídicamente a un país mediante la nacionalidad o la residencia legal, teniendo además deberes frente a la sociedad y las leyes que la rigen.


Según el Artículo 7 de la Constitución de la República Dominicana, el país se define como un Estado Social y Democrático de Derecho, organizado en forma de República unitaria, fundado en: El respeto a la dignidad humana, Los derechos fundamentales, El trabajo, La soberanía popular y La separación e independencia de los poderes públicos.


En República Dominicana, el Presidente de la República es quien dirige el Estado en su función de Jefe de Estado y Jefe de Gobierno, cargo que actualmente está siendo ocupado por Luis Abinader Corona, quien dentro del sector aéreo nacional ha querido realizar una buena labor, llegando a ser reconocido por la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) al ser el país número uno en la recuperación total del tráfico aéreo post-pandemia, al implementar el Protocolo para la Aviación Privada No Comercial mediante el Decreto 259-23, facilitando la llegada de vuelos privados y promoviendo el turismo aéreo, pero no ha sido correspondido por las actuales autoridades que dirigen el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), la Dirección General de Migración (DGM), la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), el Ministerio de Trabajo, entre otros.


Los miembros del sector aéreo nacional, en estos momentos sienten temor por la forma que las actuales autoridades aeronáuticas están dirigiendo su destino, ya que le faltan a la verdad al comunicarle al Presidente de la República sobre el falso crecimiento empresarial aeronáutico en el país, cuando solo se trata de beneficiar a una sola empresa sin importar que la misma aun siendo propiedad de un fondo de inversión extranjero, se lleve de paso a las pequeñas aerolíneas que sirven al país con más de 30 años en el sector.


También le mienten al Presidente al comunicarle que en dicha empresa de capital foráneo estarían creando plazas de empleos para los dominicanos, cuando lo que en realidad están haciendo es contratar personal extranjero sin visa de trabajo para laborar en el país de manera irregular, en muchos casos personas sin experiencia, reemplazando a dominicanos con conocimiento técnico comprobado, en áreas críticas como mantenimiento y operaciones (técnicos en mantenimiento, tripulantes de cabina, despachadores de vuelo y pilotos), ya que dicha mano de obra ilegal extranjera les sale más económica.


Pero aun quedando evidenciado que trabajadores ilegales y sin visa de trabajo, por su misma condición de ilegalidad, no están cubiertos por seguros médicos, a quienes se les promete el reembolso de sus gastos médicos si necesitan en el país algún servicio de salud, quienes por su estatus migratorio guardan silencio y acogen dicha medida, convirtiéndose en un grave riesgo para el Estado dominicano y un abuso humano contra los mismos por parte de la empresa.


La inmensidad de irregularidades que supuestamente se desarrollan en dicha empresa van desde: tomar represalias con empleados dominicanos por realizar denuncias de irregularidades internas de la empresa, graves riesgos de seguridad operacional, desde contratar personal extranjero para posiciones técnicas sin verificar las aptitudes plasmadas en sus currículos hasta la permisión del ingreso al área de rampa sin autorización del Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (CESAC) de personal que supuestamente ha dado hasta positivo en exámenes anti dopaje, lo que podría crear hasta la posibilidad de que se pueda introducir algún tipo de sustancias controladas al área sensitiva de los aeropuertos a través de los servicios de catering, denuncias de temas de acoso laboral por parte de un técnico extranjero  Germán Schumacher, que también se encuentra en el país con estatus migratorio ilegal pero que maltrata al personal dominicano, al igual que el discriminador irlandés Garret Malone, la ciudadana española Cristina González, el ciudadano colombiano Carlos Rodríguez, entre otros.


Instamos a las diferentes autoridades que involucran al sector aéreo nacional, ayudar al Presidente Abinader, quien ha mostrado interés en la aviación nacional, a realizar una buena gestión.


Pero mientras desde el IDAC continúen permitiendo las convalidaciones de licencias a personal extranjero que no cumple con los requisitos que establece la Ley 491-06 de Aviación Civil y que en vez de hacer cumplir la ley, pretenden modificar los artículos del 120 al 123 para que los técnicos dominicanos pierdan la protección de la misma y permitir el ingreso libre al país de técnicos extranjeros, desde la Dirección General de Migración se tenga la miope visión de que ilegales en el país son solamente los nacionales de la vecina República de Haití, y los técnicos provenientes de países que tampoco cumplen con los convenios internacionales y que ingresan en su mayoría con una visa de paseo o con una Declaración General, no permanecen en República Dominicana como ilegales, mientras El Ministerio de Trabajo permita que se ocupen posiciones laborales dentro del país en empresas supuestamente reguladas, en violación del Código Laboral Dominicano y la Dirección General de Impuestos Internos permita que dicho personal no pague los impuestos al fisco a la vez que no le cobran a dicha empresa supuestas deudas millonarias en dólares americanos a diferentes entidades gubernamentales, a la vez que, se le solicita a la Junta de Aviación Civil descontinuar la desmedida asignación de rutas que ya están siendo bien servidas por las demás aerolíneas dominicanas, para proteger a que las mismas puedan desaparecer.


Mientras los funcionarios públicos no realicen las funciones para las que fueron designados, el Presidente Abinader estará navegando por aires turbulentos llenos de tempestades que esperamos, la estructura de su aeronave soporte tan fuertes vientos, realicen sus funciones y permitan que el presidente realice su deseo de servir de buena forma al sector aéreo nacional.

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