El suplicio de ser expresidente de la República en América

Por Alejandro Herrera

Querer ser Presidente: “cargo con el que sueñan la mayoría de los políticos”, habría que pensárselo dos veces, de continuar el curso de los acontecimientos de lo que en los últimos 40 años le sucede a todo aquel que ocupa la Primera Magistratura del Estado, un fenómeno cada vez más acentuado en nuestra América, cuando una vez deja de serlo: le viene sobre sí una terrorífica pesadilla en vida, sufriendo todos los tipos de vejámenes posibles, y donde lo menos que le espera al bajar es la persecución, el procesamiento judicial y la condena a cumplir años tras las frías rejas de la cárcel.

Se pensó tras el resurgir de la democracia en América Latina durante la década de 1980, y principios de los años 90, superados los regímenes autoritarios y militares, que iniciaríamos la transición hacia una nueva era de libertades civiles, prosperidad, crecimiento económico, democracia y estabilidad política, que se esperaba abarcaría toda nuestra región para beneficio de los miembros de la Sociedad Americana. En cambio, la realidad ha resultado otra muy distinta. El avance económico resultó esquivo, la pobreza y la desigualdad persistieron y los gobiernos electos fracasaron uno tras otro en satisfacer prometidas expectativas de la gente.

Es así como desde entonces, el pasar por el más alto cargo de la nación se convirtió en casi todos nuestros países en una infranqueable prueba de fuego que pocos pasan. Irónicamente, la historia comenzó en nuestro país, en la etapa democrática, con el proceso erigido por primera vez contra el expresidente Salvador Jorge Blanco, enjuiciado y condenado a 20 años de prisión por corrupción administrativa en1987, durante el decenio del presidente Joaquín Balaguer, en cuyo pecho el mismo Jorge Blanco había colocado la banda tricolor que simboliza el cambio de mando en la República Dominicana.

Desde aquí, la onda expansiva de este fenómeno de condena a un expresidente se extendió a toda América Latina y mutó con un efecto más demoledor en forma de juicio político contra presidentes en pleno ejercicio del poder, que fueron destituidos en su mayoría, como los casos de Fernando Collor de Melo, en Brasil (1992); Carlos Andrés Pérez, en Venezuela (1993); Ernesto Samper, en Colombia (1996); Abdalá Bucarám, en Ecuador (1997); Raúl Cubas Grau, en Paraguay (1999); Luis Gónzalez Machi,

también en Paraguay (2002). Todos se vieron envueltos en serios escándalos de corrupción o abusos de poder, en medio de congresos controlados por la oposición que los enjuició y les separó de sus cargos, excepto a Samper, que pudo precariamente sobrevivir políticamente al juicio.

Hoy el fenómeno se amplifica, se hace más común y no menos dramático en una región donde la institucionalidad democrática aún balbucea en medio de su fragilidad. Desde México hasta Argentina, pasando por Centroamérica y Perú, los expresidentes más recientes son investigados, imputados, procesados y condenados a cumplir prisión.

En México, la cruzada contra el expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), le cierra el círculo, procesando parte de su gabinete ministerial más cercano, provocando que el exmandatario se radique en Madrid, donde no se ha pronunciado sobre las acusaciones en su contra.

Frente a las fuertes evidencias que relacionan a Peña Nieto y su entorno con diferentes delitos, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador llegó a proponer una polémica consulta popular, que fue respaldada por la Suprema Corte, para que los ciudadanos decidan si se debe juzgar a cinco expresidentes de la República.

“En Centroamérica, tras entregar el poder, varios expresidentes de seis países de la región en los últimos 38 años, ligaron su historial a escándalos de presunta corrupción, a procesos judiciales y a la cárcel. De 42 hombres y mujeres que ejercieron, 45 administraciones presidenciales de 1990 a 2018 en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, 19 están o estuvieron cuestionados por presuntos actos ilícitos ligados a su ejercicio de la presidencia o a hechos posteriores.”

En Perú están los sonados casos del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) en el 2009, sentenciado a 25 años de prisión, indultado en diciembre 2023, murió un año después. Alejandro Toledo, el cholo, extraditado de E.E. U.U., enjuiciado y condenado a 20 años, por recibir sobornos de Odebrecht. Alan García (1985-1990 y 2006-2011) se suicidó el 17 de abril 2019, antes de ser detenido en su casa acusado de recibir sobornos de dicha empresa. Ollanta Humala (2011-2016) sentenciado el 15 de abril 2025 a 15 años de prisión por lavado de activos. Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) apodado el ruso, procesado en 2019, bajo arresto domiciliario por lavado de activos, espera condena de 35 años. Martin Vizcarra (2018-2020) procesado, esperando condena de 15 años de prisión.

Pedro Castillo (2021-2022), en prisión por intento de autogolpe de Estado en diciembre 2022, está en espera de una condena de 34 años de cárcel. Solo Valentín Paniagua, presidente interino entre 2000 y 2001, se salvó de estar bajo la lupa judicial. Y la actual Presidenta Dina Boluarte “acaba de salvarse en tablita” después de ser investigada por cohecho, por recibir relojes de lujos no declarados (escándalo Rolexgate), y por las protestas de 2022 y 2023, donde murieron varios personas.

En Argentina, Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), ha sido condenada a prisión domiciliaria, mientras que al expresidente Alberto Fernández (2019-2023), la justicia le acaba de abrir proceso por supuestas irregularidades en la contratación de seguros para el sector público durante su mandato.

En Bolivia, la expresidenta Jeanine Añez Chávez ha sido sentenciada a 10 años de prisión,el 10 de junio de 2022, por incumplimiento de deberes y violaciones a la Constitución. En Brasil el expresidente Jaer Bolsonaro está siendo procesado. En Ecuador, el expresidente Rafael Correa sigue siendo aún una de las figuras más influyentes de la política ecuatoriana, pero no ha vuelto a pisar su territorio evadiendo múltiples acusaciones judiciales.

En medio de tan desolador y patético panorama que padecen los expresidentes en Latinoamérica, faltando otros casos, y donde parece que se gobierna sin pensar en el día después, el reconocimiento por el expresidente dominicano, Joaquín Balaguer, maestro del ejercicio del poder, no hace más que crecer, que como ya he dicho, siempre supo bajar del poder sin que lo tocaran ni con el pétalo de una rosa.

Aunque el fenómeno es transversal, plantea múltiples debates en torno a la independencia judicial, la impunidad, las interferencias de la justicia en la política o lawfare.

Termino con esta reflexión de mi buen amigo el ingeniero Ramón Rivas, quien me ha contado que: “El poder es como un toro salvaje y furioso, que quien lo persigue y pasa mucho tiempo tratando de conquistarlo hasta montarse sobre él, cuando lo logra, se siente como en la gloria, lo más parecido a Dios en la tierra, cree que lo puede todo, y en efecto puede ayudar y cambiar muchas vidas, aunque no a todos por igual, también puede destruir y perdonar, pero cuando le toca bajar si lo hace por el lado equivocado ese mismo toro salvaje lo devora”.